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El nuevo acuerdo de cooperación y diálogo político firmado por la Unión Europea y el gobierno cubano se encuentra bajo el intenso escrutinio y las críticas de europarlamentarios, opositores y organizaciones de derechos humanos.
“La UE debería haber pedido el fin de la represión de los disidentes políticos y [una] reforma democrática antes de firmar un acuerdo como este”, dijo el europarlamentario sueco Lars Adaktusson, del grupo demócrata-cristiano Partido del Pueblo Europeo (EPP), en declaraciones a el Nuevo Herald.
Asimismo, destacó que el nuevo tratado “se aplicará de acuerdo con los ‘principios constitucionales’, que en el caso cubano significan principios en consonancia con una dictadura comunista. Al hacer esto, hemos abandonado al pueblo cubano, que tiene el mismo derecho a la libertad y la democracia como todos los demás”.
Adaktusson, un periodista devenido político, está descontento con la falta de transparencia durante el proceso de negociaciones y lamenta que la sociedad civil cubana fuera “echada a un lado”.
“Creo que un acuerdo de cooperación UE-Cuba puede abrir un nuevo espacio para mejorar las relaciones, pero la Unión Europea debe mantener los derechos humanos y las libertades fundamentales en el centro de este acuerdo y una mejora sustancial debe ser una condición previa en las conversaciones con el gobierno cubano y para las concesiones económicas de parte de la UE”, dijo en un comunicado el checo Pavel Telicka, segundo vicepresidente de la Alianza de los Liberales y Demócratas (ALDE) del europarlamento.
Las críticas al nuevo acuerdo—que establece un diálogo sobre derechos humanos con el gobierno cubano pero no condiciones específicas a ser cumplidas—provienen también de organizaciones de derechos humanos internacionales y de opositores cubanos dentro y fuera de la isla.
Treinta grupos de la oposición cubana enviaron una carta a la Unión Europea en la que manifestaron su rechazo al acuerdo de diálogo político y cooperación firmado por los ministros de Exteriores de ese bloque y el gobierno cubano el lunes en Bruselas.
“No nos oponemos a la adopción de un acuerdo entre nuestro país y la Unión Europea que beneficie a nuestros pueblos, pero rechazamos este Acuerdo por no condicionarse al ejercicio de las libertades individuales y colectivas del pueblo cubano”, indica la carta, en la que los disidentes y activistas mencionan el aumento de la represión en la isla.
La misiva, dirigida a la vicepresidenta de la Comisión Europea y Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, pide condicionar la ratificación del acuerdo por el parlamento europeo y los parlamentos nacionales a una serie de medidas, entre ellas: el fin de la represión por motivos políticos, elecciones libres y ratificación de los pactos internacionales sobre derechos humanos por parte del gobierno cubano.
Mogherini no contestó a una petición de comentario para esta historia.
Telicka, quien se reunió en Miami con los firmantes de la misiva, entre ellos el premio Sajarov Guillermo Fariñas, alentó a la diplomática europea a “reconocer que hay una oposición política al gobierno y no ‘solo’ defensores de los derechos humanos e interactuar con esta oposición y escuchar sus voces antes de ratificar e implementar este acuerdo”.
La organización sueca Civil Rights Defenders (antiguamente conocida como el Comité de Helsinki) publicó un crítico reporte la semana pasada en el que contrasta el proceso de negociaciones con Cuba con procesos similares con gobiernos de Centroamérica y concluye que la demandas realizadas por la UE “en relación a la democracia y los derechos humanos son mucho mayores a países con democracias formales que a los autoritarios como Cuba”.
Según destaca el reporte, el aumento de la represión comenzó justo después que las negociaciones [entre la UE y Cuba] concluyeran en marzo y que el presidente Barack Obama visitara Cuba, lo que debe ser visto “como una consecuencia de la autocomplacencia del gobierno después de establecer con éxito nuevas relaciones con la comunidad internacional sin tener que cambiar su sistema político”.
El informe señala, además, que la sociedad civil cubana no ha tenido participación formal en ningún momento de las negociaciones.
“No ha habido reuniones oficiales con miembros de la sociedad civil cubana, solo encuentros informales. Eso es inaceptable”, opinó Erik Jennische, director del programa para América Latina de Civil Rights Defenders.
Sin embargo, la oposición al acuerdo no parece tener la fuerza suficiente como para descarrilarlo, según observaron varias fuentes europeas. En este punto, no pueden introducirse cambios en el documento y solo puede ser aceptado o rechazado por el parlamento europeo.
“Fuertes fuerzas han puesto mucho prestigio en el acuerdo por lo que las posibilidades de que se rechace son pequeñas”, comentó Adaktusson. “Personalmente, quisiera ponerlo en suspenso hasta que el gobierno cubano haya liberado a todos los presos de conciencia e implementado todos los tratados internacionales de derechos humanos”, agregó.”.
Sin embargo, Jennische destacó que el reporte de la organización de derechos humanos sueca incluye recomendaciones para la implementación del acuerdo, incluso si es aprobado tal cual.
“Si esto sucede hay que ajustarse a la realidad y hay muchos modos en los que se puede usar el acuerdo de manera positiva, por ejemplo con el establecimiento de un diálogo continuo con la sociedad civil cubana durante su implementación y la invitación a los periodistas independientes cubanos a participar en las conferencias de prensa [de los funcionarios europeos], lo que no ha sucedido hasta ahora”, sugirió.
Las voces de los opositores y los activistas de derechos humanos no han podido parar los progresos diplomáticos realizados por el gobierno de Cuba, primero con el gobierno de Estados Unidos y luego con le EU, en procesos similares en los que estos actores políticos han preferido establecer diálogos por separado sobre derechos humanos para no empantanar el proceso y continuar con las negociaciones en otras áreas.
EEUU y la UE parecen competir por ver quién se posiciona más rápido para una eventual transición en la isla, opinó Jennische. “EEUU y Europa pudieron haber cooperado y haber tenido una posición unificada pero no lo hicieron y optaron por competir”, señaló.
Tras la firma del acuerdo, el canciller cubano Bruno Rodríguez prometió que los vínculos económicos con Europa “continuarán siendo para Cuba…, una prioridad”.
La Posición Común, la política europea impulsada por el ex presidente del gobierno español José María Aznar que se reemplazó con este acuerdo, claramente establecía que las relaciones de la Unión Europea con Cuba tenían como objetivo “favorecer un proceso de transición hacia una democracia pluralista y el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, así como una recuperación y mejora sostenibles del nivel de vida del pueblo cubano”.
Pero uno de los negociadores del acuerdo por la parte europea, Christian Leffler, respondió a una carta enviada por Civil Rights Defenders en el 2015, que la conclusión de las negociaciones con Cuba no estaba sujeta “a concesiones políticas específicas o compromisos de ninguna de las partes”.
Por: Nora Gámez Torres / elNuevoHerald.com
