El Ministerio de Educación de Turquía ha suspendido este martes de sus empleos a 15.200 funcionarios sospechosos de tener vínculos con las redes de simpatizantes del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que se le atribuye la responsabilidad del fallido golpe militar del viernes.
«A partir de hoy (martes), 15.200 empleados públicos, tanto en los centros como en las provincias, han sido suspendidos del servicio y se inicia una investigación respecto a estas personas», reza el comunicado, citado por la agencia semipública Anadolu.
Miles de personas impidieron el golpe de Estado en las calles (Reuters) Miles de personas impidieron el golpe de Estado en las calles (Reuters)
«Nuestro Ministerio ha llevado a cabo un trabajo respecto a los empleados públicos que estén vinculados a FETÖ» (las siglas con las que el Gobierno se refiere a las redes gülenistas), explica la nota.
Las siglas FETÖ describen las redes de simpatizantes del predicador exiliado Fethullah Gülen, hasta 2013 aliado del Gobierno islamista y ahora considerado enemigo público número uno y responsable del golpe fallido, pese a que éste haya negado toda relación.
El número de funcionarios suspendidos en Educación se añade a los que fueron apartados por el Ministerio de Interior y por otros despachos.
Erdogan aseguró que los que participaron del golpe lo pagarán muy caro (Reuters) Erdogan aseguró que los que participaron del golpe lo pagarán muy caro (Reuters)
El balance de la masiva limpieza
Miles de militares, policías, jueces, funcionarios y hasta conserjes turcos han sido destituidos o detenidos acusados de participar en el fallido golpe de Estado o de seguir a Fethullah Gülen, el hombre al que el Gobierno y el presidente, Recep Tayyip Erdogan, acusan de orquestar la asonada.
La supuesta implicación de este imam, residente en Estados Unidos desde 1999, volvió a ser señalada este lunes sin dudarlo por el primer ministro, Binali Yildirim. «Esto ha sido un golpe contra la democracia turca y está claro quién lo hizo. Todos sabemos que el imam (Gülen) está detrás de ello», sentenció el jefe del Ejecutivo.
Yildirim aseguró que en distintos ministerios hay funcionarios que se han unido a la «organización terrorista», en referencia a «Hizmet» (Servicio), la influyente red de seguidores de Gülen, que hasta hace apenas tres años fue un estrecho aliado de Erdogan y de su partido, el islamista AKP.
“Hay funcionarios que se unieron a los terroristas”, dijo el primer ministro turco (Reuters) “Hay funcionarios que se unieron a los terroristas”, dijo el primer ministro turco (Reuters)
«Hemos empezado a limpiarlos», anunció el primer ministro, continuando la retórica iniciada por Erdogan la misma noche del golpe, cuando se refirió a la asonada como un «regalo de Dios» que permitiría limpiar el Ejército de elementos gülenistas.
Las cifras dadas por Yildirim confirman que se trata de una «limpieza» a fondo.
A los 15.200 funcionarios del Ministerio de Educación suspendidos este martes, se suman 8.777 del Ministerio del Interior, entre ellos agentes, oficiales y altos mandos de la Policía y la Gendarmería, que han sido destituidos. Otros 1.500 han sido apartados de sus cargos en otros ministerios.
Un total de 2.745 jueces y fiscales han sido suspendidos, entre ellos cinco miembros del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales, el cuerpo que decide sobre los nombramientos en la Judicatura.
Un gobernador provincial, 29 ex gobernadores, 52 responsables de distritos, registradores de la propiedad, asesores judiciales e incluso 12 conserjes en edificios públicos han caído en esta depuración.
En esa lista no se cuentan los 7.543 detenidos, entre policías, soldados, jueces, fiscales y civiles. Entre los arrestados hay 112 generales, casi un tercio de los 356 generales y almirantes que componen la cúpula de las Fuerzas Armadas turcas.
Cifras todas, de detenidos y destituidos, que Yildirim advirtió «van a cambiar», dejando claro que la purga continuará.
Los militares detenidos están acusados de conspiración para «cambiar el orden constitucional por las armas», «resistencia armada contra la autoridad», «creación de una organización armada» y, en algunos casos, de «conspiración y realización de un ataque al presidente».
Entre ellos, se cuenta el general Akin Öztürk, ex comandante de las Fuerzas Aéreas turcas y señalado como líder del intento de derrocar al Gobierno, que aseguró el lunes que no participó en la asonada y que incluso trató de detenerla.
La purga de esos elementos «gülenistas» en la Administración pública, lo que Erdogan llama el «Estado paralelo», ha llegado al punto de restringirse que los funcionarios puedan abandonar el país, para evitar huidas de supuestos colaboradores con el Golpe.
Esta oleada de detenciones y destituciones continúa y acelera la purga iniciada hace más de dos años contra la presencia de seguidores de Gülen en puestos claves del Estado.
Puestos a los que en su día llegaron con el beneplácito de Erdogan y en los que fueron desplazando a los funcionarios de la vieja escuela kemalista y laica, introduciendo en la Administración pública una visión islamista, a favor del cumplimiento de las normas religiosas y una mayor segregación entre mujeres y hombres.
Aparte de las masivas destituciones y encarcelamientos, la resaca del intento de derrocar al Gobierno democráticamente elegido ha abierto el debate sobre la restauración de la pena de muerte, abolida definitivamente en 2004.
Erdogan ya se refirió a ello el domingo, ante una multitud que pedía a gritos la ejecución de los «traidores». El lunes, de nuevo, dijo que si el Parlamento se pronuncia en ese sentido, él aceptará la reintroducción de la pena capital.
El primer ministro tiene previsto reunirse con los líderes de las otras fuerzas parlamentarias para debatir este tema.
La UE advirtió que ningún país en que se ejecute la pena de muerte puede entrar en la Unión Europea.
Diversos líderes, como la canciller alemana, Angela Merkel, o el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, han pedido a Erdogan proporcionalidad y respeto al Estado de derecho a la hora de reaccionar ante la intentona golpista.
