La comisión debatió durante diez sesiones los méritos jurídicos de las acusaciones formuladas contra la presidenta y descartó por completo los alegatos de su defensa, así como rechazó que el proceso pueda suponer un «golpe de Estado», como sostiene Rousseff.
El informe favorable a poner fin al mandato de la presidenta, elaborado por el instructor de la comisión, Antonio Anastasia, pasará ahora al pleno de los 81 senadores, que por mayoría simple definirá si la causa se archiva o si se instaura el juicio político.
En ese último caso, Rousseff sería separada del cargo durante los 180 días que puede durar el proceso y sustituida en forma interina por su vicepresidente, Michel Temer, que desde hace semanas estudia la conformación de un eventual nuevo Gobierno.
Hasta ahora, aunque aún no ha sido confirmado oficialmente, está previsto que la votación en el pleno de la Cámara alta se realice el miércoles de la semana próxima, que pudiera ser el último día de Rousseff en el poder, al menos durante los próximos seis meses.
Si el eventual juicio político concluyera con la destitución de la mandataria, Temer completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019, pero, si fuera absuelta, Rousseff retomaría el cargo una vez que concluya el proceso.
Sin embargo, la votación realizada este viernes en la comisión dio una pauta de lo que puede esperar Rousseff la semana próxima y el futuro inmediato no parece alentar ninguna esperanza para la mandataria.
De las 15 formaciones presentes en la comisión, que tuvo 21 miembros e igual número de suplentes, 12 se pronunciaron a favor de aprobar el informe que propone la instauración del juicio con miras a la destitución de Rousseff.
El senador Raimundo Lira, presidente de la comisión, sólo habría votado en caso de empate, pero aún así manifestó su apoyo al informe del instructor.
Sólo se opusieron el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y los partidos Comunista do Brasil (PCdoB) y Democrático Laborista (PDT), dos de las pocas formaciones que aún permanecen en la menguada coalición que respalda a la mandataria.
Las acusaciones contra Rousseff se fundamentan en unas maniobras contables irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015 a fin de «maquillar» sus resultados fiscales, que la defensa de la mandataria niega y considera unas meras «faltas administrativas».
Según el informe aprobado, sin embargo, esas maniobras violaron numerosos artículos de la Constitución y de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que regula el uso del dinero público.
El informe responde todos los argumentos de la defensa y critica la insistencia de Rousseff y sus partidarios en que hay un «golpe» en curso.
«La alegación de que este ‘impeachment’ constituye un golpe es absolutamente impropia y carece de amparo fáctico y legal. Por el contrario, este proceso es justamente un mecanismo constitucional que previene de rupturas institucionales», dice el documento.
Según el informe, «nunca se vio un golpe con derecho a la amplia defensa y al principio de la contradicción, con reuniones claras, transmitidas en vivo por televisión, con derecho a la palabra para todos los actores políticos y con sus procedimientos dictados por la Constitución y el Tribunal Supremo», que supervisa el trámite.
Rousseff, sin embargo, continuó este viernes con lo que la oposición califica de «cantilena del golpe» y reiteró que quienes pretenden desalojarla del poder quieren «acabar» con los programas sociales de su Gobierno.
«En América Latina, cuando no se quería una cierta política, se daba un golpe de Estado», pero «antes era con las bayonetas y usando a las Fuerzas Armadas», declaró la mandataria en un acto en el que se firmaron contratos para la construcción de viviendas populares.
Apuntó que «ese proceso fue superado y, ahora, si se oponen a los programas sociales de un Gobierno, si no tienen votos para disputar elecciones directas, se valen del ‘impeachment'».
También reiteró que no dimitirá si el Senado instaura el proceso, pues renunciar sería «enterrar la prueba viva del golpe».
Fuente: EFE
