El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que no habrá una «persecución» contra los civiles que fueron obligados o amenazados para que participaran en el conflicto armado en el país.
«No se trata de ninguna manera de una persecución o, como algunos han dicho, de una cacería de brujas«, dijo Santos en una alocución en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, en referencia al acuerdo alcanzado con las FARC acerca de la jurisdicción especial que se aplicará en el denominado período de posconflicto.
Esa jurisdicción especial se aplicará a los civiles que «quedan en medio del conflicto y algunas veces pueden cometer, con ocasión del conflicto, conductas que sean consideradas delitos», aseguró.
«Que quede muy claro, quienes colaboraron o pagaron extorsiones bajo amenazas son víctimas y sus comportamientos no serán objeto de conocimiento por parte de esta jurisdicción especial para la paz», agregó.
«No se trata de una cacería de brujas», dijo Santos
Como parte del acuerdo entre el Gobierno y las FARC en el marco de los diálogos de paz se creará un mecanismo de Jurisdicción Especial que se aplicará a los responsables del conflicto armado y que suponía uno de los puntos más espinosos de las negociaciones.
El sistema integral de justicia estará formado por cinco herramientas, entre ellas la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la unidad especial para la búsqueda e identificación de desaparecidos y la Jurisdicción Especial para la Paz.
En su declaración del martes, Santos dijo que quienes voluntariamente colaboraron con grupos armados ilegales «podrán ser objeto de la jurisdicción especial para la paz«, pero «se concentrará en aquellos casos en los que haya existido una participación determinante».
«La palabra determinante es crucial«, apostilló Santos.
Asimismo, el mandatario sostuvo que las sanciones para quienes sean hallados culpables «no podrán superar la duración de las establecidas para los demás responsables«.
«Quienes colaboraron o pagaron extorsiones bajo amenazas son víctimas»
Esas sanciones incluirán «acciones de contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas como el esclarecimiento de la verdad o la reparación en consonancia con aquellos que hemos dicho desde un principio que las víctimas, la satisfacción de sus derechos está en el centro de la solución de este conflicto».
En este sentido dijo que aquellos civiles que «no hayan tenido una participación determinante en estos delitos, esta jurisdicción podrá aplicar medidas como la suspensión de la pena o la renuncia a la persecución penal«.
Por último, Santos aseveró que en este momento la Fiscalía tiene más de 13.000 expedientes en los que se menciona a muchas personas que si no se benefician de esa jurisdicción especial «el día de mañana podrán ser llamados por la justicia ordinaria y sometidos a un juicio«.
El Gobierno le respondió a Human Rights Watch
La ONG publicó un texto en el que afirmó que el acuerdo con las FARC garantiza la impunidad de los guerrilleros y sostuvo que ese documento estaría lejos de los estándares establecidos en las cortes internacionales.
«Este acuerdo, tal cual está redactado, garantizará que los responsables de ambas partes puedan eludir cualquier tipo de castigo genuino«, dijo José Miguel Vivanco, director de HRW.
Como respuesta a la ONG, el ministro del Interior de Santos, Juan Fernando Cristo, dijo que el acuerdo sobre justicia «no se puede ver de manera aislada«.
«Puedo asegurar que una vez que Human Rights Watch profundice en el acuerdo y lo mire en su conjunto va a entender que es un acuerdo que vale la pena, que vale la pena pagar ese costo de sacrificar algo de justicia –porque hay que sacrificarla– para conseguir la paz, pero garantizando mucha verdad, reparación a las víctimas y sobre todo algo esencial: garantías de no repetición», afirmó Cristo en declaraciones recogidas por El Tiempo.