Según cifras analizadas por Sun Sentinel, el gobierno estadounidense gasta al menos 680 millones de dólares anualmente en ayuda a los inmigrantes cubanos, sin embargo, algunos de ellos están regresando a la isla de la que aparentemente habrían salido huyendo del régimen castrista. Estas cifras han abierto en debate sobre si se debe acabar o modificar la Ley de Ajuste cubano de 1966.
La abogada de inmigración cubanoamericana Grisel Ybarra dice que la cifra del gasto anual en ayuda a los refugiados cubanos es mucho mayor, «he estado en juicios por fraude al Medicaid donde personas han robado 32 millones de dólares y el agente del gobierno ha dicho que es más factible pagar la deuda que investigar lo que está pasando (…) es una centrífuga de corrupción», señala.
Ybarra cuenta que conoció de cerca el caso de una cubana que vive en un apartamento de Plan 8 y aplicó a la ciudadanía como persona de bajos recursos, y no entendía por qué su caso estaba tan demorado hasta que vio que en la planilla había dado cuenta de 7 viajes a Cuba y 3 a Italia. Por casos como estos, de cubanos que van y vienen es que la abogada, quien llegó a Estados Unidos en 1962 apoya acabar con la Ley. «Cuando llegué a esta país era un bochorno pedir ayuda (…) y de la época mía, los cubanos no regresaban a Cuba».
El fraude al Tío Sam
«Todo el que pide ayuda, representa una carga pública, porque -el subsidio- sale de la alcancía de todos nosotros y del pago de nuestros impuestos», señala Ybarra, quien también explica que hoy en día es preferible casarse con un cubano que con un ciudadano americano, porque la Ley te da derecho a la residencia permanente y además te permite disfrutar del resto de los beneficios, por eso hoy es uno de los negocios más grandes en el Sur de La Florida.
Ramón Rodríguez es dominicano, y llegó al país hace 8 años, actualmente vive en el Doral y se pregunta con indignación «Cómo es posible que con mis impuestos se subsidie a la gente que llega a este país pidiendo refugio, y al año y un día están regresando a sus países, y yo no he podido volver. Es una burla y una injusticia para todos los que trabajamos y queremos aportar».
La otra cara de la moneda
Alina Fallet tiene más de 10 años ayudando como paralegal a refugiados cubanos y haitianos que llegan al Sur de La Florida, y cuenta que muchos de ellos no se quedan en Miami y han aceptado la reubicación a otros estados del país donde han prosperado trabajando duro. Aún cuando admite que hay un grupo que abusa de los beneficios, considera que la Ley no debe ser modificada ni mucho menos abolida.