Las FARC protestaron el miércoles por la que consideraron una persecución política contra el senador de izquierda Iván Cepeda, quien fue sancionado por la Procuraduría General por supuestamente acomodar testigos para que declararan contra el expresidente Álvaro Uribe.
«Salta a la vista que pretender silenciar a uno de los principales voceros de la oposición por el solo hecho de estar ejerciendo sus funciones públicas, es un claro acto de persecución política que causa grave daño a la democracia», aseguró el grupo rebelde en un comunicado hecho público desde La Habana.
Según los integrantes de la delegación guerrillera que adelanta diálogos de paz en la capital cubana con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, «las FARC, que hemos expresado nuestra disposición a dejar las armas para convertirnos en un nuevo movimiento político, (consideramos que la investigación contra Cepeda) es un pésima señal, que ratifica el espíritu excluyente que aún habita en una buena parte de las élites dirigentes de Colombia».
La Procuraduría ha dicho que Cepeda contactó en prisiones colombianas a dos testigos para que declararan contra Uribe (2002-2010) por «hechos que no les constaba». A cambio, dijeron los declarantes, recibirían de Cepeda beneficios como sumas de dinero, traslado a mejores prisiones y ubicación en el exterior para sus familiares.
Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, ha negado las acusaciones que, de comprobarse, podrían llevarlo a la destitución del cargo. A su vez sostuvo que el procurador Alejandro Ordóñez no le ha brinda las garantías de ley para enfrentar una investigación justa.
En septiembre del año pasado Cepeda cuestionó en el Congreso los supuestos vínculos de Uribe con paramilitares y narcotraficantes. El exmandatario, actualmente senador, negó todas las acusaciones.
Ordóñez y Uribe son públicos aliados y son los principales críticos del proceso de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Cepeda, en cambio, es un defensor a ultranza de esa negociación.
En Colombia, la Procuraduría investiga disciplinariamente a casi todos los funcionarios públicos y sus fallos pueden llevar a la destitución. La parte penal corre por cuenta de la Corte Suprema, la Fiscalía General y los jueces.
En el pasado, Ordóñez sancionó con la destitución a reconocidos dirigentes de izquierda como la exsenadora Piedad Córdoba y el alcalde de Bogotá Gustavo Petro. En el caso de Petro, sin embargo, otras instancias judiciales del país y el extranjero lo devolvieron al cargo.
La Fiscalía y un tribunal de la ciudad de Medellín pidieron recientemente a las autoridades que investiguen a Uribe por presuntos nexos con paramilitares.
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