El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, acudió en las últimas horas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Penal Internacional (CPI) para dar a conocer la situación de sus compatriotas desde que estalló la crisis fronteriza con Venezuela.
Fuentes de la institución confirmaron a Efe que a través de un correo electrónico Ordóñez radicó ante la CIDH una solicitud de medidas cautelares para «proteger la integridad, libertad personal y garantías judiciales», entre otros aspectos, de los más de 11.000 colombianos que han salido de Venezuela en las últimas dos semanas.
A esta medida se añade un informe sobre la crisis humanitaria en la frontera que el procurador ha enviado a la CPI con la esperanza de que este organismo «abra una investigación de oficio».
El informe surge, explicaron las fuentes a Efe, por la imposibilidad de presentar una denuncia ante la CPI, ya que dicha acción corresponde exclusivamente a los Estados.
En este sentido, la Fiscalía de Colombia recolecta pruebas que sustenten una eventual denuncia en La Haya contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su cúpula militar, por delitos de lesa humanidad en las deportaciones de compatriotas suyos de ese país.