El grupo nacional de planificación familiar Planned Parenthood pidió hoy a una corte Florida proteger el acceso de las mujeres al aborto en el estado tras denunciar «acusaciones falsas» de la autoridad de salud estatal.
La «medida cautelar de emergencia» fue presentada hoy en una corte de distrito del condado de León, en el noroeste de Florida, busca «parar» al Gobierno estatal en su intento de interrumpir la gama de sus servicios de salud reproductiva con sus acusaciones infundadas, señaló la organización sin ánimo de lucro en un comunicado.
La Administración del Cuidado de la Salud (AHCA) de Florida ha denunciado que en los centros de salud de Planned Parenthood en Saintn Petersburg, Fort Myers y Naples, en el centro del estado, se han realizado procedimientos sin licencias apropiadas y más allá del primer trimestre de gestación.
Planned Parenthood negó hoy las acusaciones al señalar que AHCA utiliza una «nueva e inédita definición de etapas de gestación».
La organización aseguró que cumple con la norma del estado que define «el primer trimestre de un embarazo como las primeras catorce semanas inmediatamente después de la última menstruación normal».
«Todos los centros de salud de Planned Parenthood de Florida están operando en el pleno cumplimiento de la ley estatal, así como las mejores prácticas en el cuidado de la salud reproductiva», aseguró Barbara Zdravecky, presidenta de Planned Parenthood del Sureste y Centro de Florida.
Planned Parenthood recibe anualmente más de 500 millones de dólares en subsidios federales para servicios básicos de salud reproductiva, pruebas de cáncer de mama y cáncer cervical, servicios de prevención del embarazo, exámenes y tratamientos para enfermedades de transmisión sexual.
La organización ha sido cuestionada este mes a raíz de unos vídeos que muestran a algunos de sus miembros hablando de la venta de tejido de fetos abortados, legal para investigación siempre que no se persigan beneficios económicos.
Grupos contra el aborto y precandidatos republicanos a la Presidencia como Donald Trump y Ted Cruz han solicitado al Congreso que recorte los fondos públicos para esta organización, iniciativa que enfrentará en septiembre próximo una votación en la Cámara de Representantes.