La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) expresó a través de un comunicado su «rotundo rechazo» a las acusaciones realizadas por el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Gustavo González López, quien acusó al general retirado Antonio Rivero, exilado en los Estados Unidos, de brindar entrenamiento a individuos acusados por el asesinato de Liana Aixa Hergueta González, la joven descuartizada en Caracas.
Con estas falsas y absurdas declaraciones de González López se copia la conducta de antiguos ministros de Interior y Justicia en la era de la revolución, especialistas en montar casos y falsas acusaciones en contra de dirigentes y líderes de la oposición con la intención de desprestigiarla y justificar sus atropellos y violaciones a los derechos humanos.
En el pasado, iguales prácticas ejecutaron exmistros como el general en Jefe del ejército Lucas Rincón Romero, pues durante su periodo como ministro se crearon los casos de las bombas a las embajadas de España y Colombia en el año 2003 y el asesinato de los militares de la Plaza Altamira. También se vio en el anterior ministro del interior, Miguel Eduardo Rodríguez Torres quien acuso falsamente a estudiantes y personas de la sociedad civil de terroristas como Rodolfo González, hoy fallecido porque se suicidó en una celda de la policía política (Sebin) en Venezuela».
Señalan que el titular de Defensa en Venezuela busca mantener el discurso de descrédito en contra de líderes y dirigentes políticos «que han tenido que salir al exilio y se encuentran en los Estados Unidos con la finalidad de sostener las tontas acusaciones de que los Estados Unidos protegen a terroristas y delincuentes venezolanos, discurso por demás poco creíble ya no solo a nivel internacional, sino a nivel de sus bases en Venezuela, que cada día disminuyen a niveles alarmantes y peligrosos para ellos».
Advirtieron a la comunidad internacional que permanezcan atentos, porque luego de estas acusaciones por lo general, pueden surgir más detenciones, violaciones a los derechos humanos y «sustitución de unos presos políticos por otros».