BOGOTA, Colombia (AP) — Voceros campesinos rechazaron el martes levantar los bloqueos viales hasta que no se llegue a un acuerdo concreto con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos sobre su demanda de detener la erradicación de cultivos de coca y otorgarles la titularidad de una vasta porción de tierras en el noreste del país.
Se espera que en la jornada Luis Eduardo Garzón, un ex sindicalista y actual alto consejero oficial para el diálogo social, viaje a Tibú y Ocaña, en el noreste del país, centro de las manifestaciones que comenzaron el 11 de junio.
Pobladores de aquella región, ubicadas en el departamento de Norte de Santander y a unos 420 kilómetros al noreste de Bogotá, en lo que se conoce como la región de Catatumbo, mantienen desde mediados de mes por lo menos dos bloqueos viales con piedras y palos y acampan sobre carreteras provinciales para presionar por sus demandas, mientras el gobierno a través del ministro del Interior, Fernando Carrillo, ratificó la víspera que están dispuestos a dialogar pero si se levantan esos cierres de caminos.
El gobierno «condiciona que hay diálogo a que se tienen que levantar las vías de hecho, pero no se levantan hasta que no haya acuerdos concretos», dijo en entrevista telefónica con The Associated Press Juan Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación de Campesinos del Catatumbo que encabezan la manifestación.
Quintero rechazó señalamientos de la policía y del propio Santos en torno a que no todos los manifestantes son campesinos y que hay presencia de guerrilleros, al tiempo que invitó a otros sectores campesinos del país a unirse a su manifestación en solidaridad con su movimiento y a que también presenten sus demandas. Calculó que en Ocaña se concentran unos 10.000 pobladores y otros 4.000 en Tibú y solicita que se establezca una mesa de diálogo con altos voceros del gobierno en Tibú.
Los principales reclamos de los manifestantes son que se suspendan los planes de erradicación de coca, materia prima de la cocaína, que se financien programas de cultivos alternativos y que el gobierno de Santos apruebe que las 346.000 hectáreas de los siete municipios del Catatumbo se conviertan en una «zona de reserva campesina», una figura legal de 1994 por la cual los campesinos reciben sus títulos de propiedad de la tierra, en general producen de forma cooperativa y el Estado garantiza el financiamiento para carreteras, salud y educación.
Los manifestantes exigen además que en una eventual mesa de diálogo no estén representantes de la fuerza pública, a los que responsabilizan por la muerte el sábado de dos hombres que participaban en la protesta. Tal posibilidad es negada por el gobierno.
«La movilización se mantiene hasta que no se instale la mesa» de diálogo, indicó telefónicamente a la AP César Jérez, coordinador de la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas, que participa en las protestas. «Estamos debajo de plásticos (en tiendas de campaña improvisadas)… son miles de carpas, aquí a las orillas de la carretera», aseguró desde Tibú.
Las protestas se han desarrollado en relativa calma y la víspera sólo se presentó la quema de un vehículo en una carretera que llegaba a Ocaña, informó Jesús Antonio Sánchez, alcalde de esa localidad, que con unos 130.000 habitantes es la segunda más grande de Norte de Santander y de la región del Catatumbo.
La actividad comercial, del transporte y de las oficinas públicas en Ocaña «está normal… de pronto comienza a escasear el plátano, la papa… productos agrícolas» que son los que producen campesinos de la zona, aseguró el alcalde vía telefónica.
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