MORROA, Sucre, Colombia (AP) — Ha pasado casi un década desde que la cruenta lucha entre paramilitares, guerrillas y la fuerza pública provocó que 40 familias abandonaran a cuenta gotas su finca en esta zona del norte de Colombia.
En medio del fuego cruzado, las familias buscaron refugio en poblados cercanos y ahora viven en pobres pero limpias casuchas de paredes de bahareque y techos de paja, a más de 32 grados centígrados, en medio de caminos sin asfaltar, en ocasiones sin luz ni agua corriente en una zona de una región del norte del país.
Desde entonces, la propiedad de la tierra que abandonaron ha cambiado varias veces de dueño hasta parar en manos de un hombre que se identifica como un empresario venezolano.
Pero debido a un fallo judicial, que en abril ordenó la devolución de las 310 hectáreas a las 40 familias, la finca Pechilín, ahora pasará nuevamente a manos de los campesinos sin que le pagaran al empresario ni un solo peso.
«A nosotros nos garantizan seguridad, pero si esa seguridad no es estable…, ¿entonces (qué sucederá?)», se pregunta Donaldo Ruiz, un campesino de 54 años, cabeza de una de las familias propietarias de Pechilín sentado en el medio de la artesanal cocina de su casa y rodeado de sus cuatro hijos mayores de 20 años y de su padre de 86 años.
La violencia ha marcado los fallidos procesos de restitución en el país. Desde 2008, unos 55 defensores de restitución de tierras han sido asesinados, según grupos de derechos humanos. Otros grupos argumentan que son 60 los muertos en su intento por recobrar sus tierras perdidas.
Fuera de la seguridad, Ruiz piensa en su hijo mayor, confinado en una silla de ruedas, quien necesita constante atención médica, y a la finca no llega ni el transporte público.
La sentencia que les devolvió la finca a los campesinos es el resultado de una de las políticas clave del gobierno del presidente Juan Manuel Santos: una ambiciosa agenda para reparar a víctimas del conflicto armado interno que, entre otros temas, contempla la devolución de tierras despojadas por paramilitares, guerrillas, bandas criminales y que hoy, en muchos casos, se encuentra en manos de testaferros.
También es parte fundamental de la agenda de diálogos de paz que lleva el gobierno de Santos con las FARC desde fines de 2012 en Cuba y donde el pasado 26 de mayo ambos bandos anunciaron un acuerdo previo sobre la propiedad de la tierra y su desarrollo; el primero de los seis puntos de negociación.
Si el gobierno falla en devolver estas tierras podría perder una de las mejores oportunidades que ha tenido el país en los últimos años para desactivar un conflicto armado que ya casi alcanza medio siglo y en el que tradicionalmente el asunto de la propiedad de la tierra se ha descrito como una de sus raíces.
Cálculos de organizaciones no gubernamentales dicen que en los últimos 25 años, cientos de miles de parcelas fueron robadas ilegalmente por los grupos armados o fueron abandonadas por la acción de esos grupos, con la frecuente colaboración de autoridades y jueces corruptos.
Intentos de retornos, titulación de tierras y entrega de créditos han sido aplicados con mayor o menor éxito por distintos gobiernos en el pasado, sin que ellos marquen el fin del conflicto.
«Sí existe un ejército anti restitución (de tierras)….aquí lo que hubo fue un cambio de nombre, de razón social, pero sabemos todos que son los mismos paramilitares, lo que hicieron fue cambiarse los nombres», dijo Pedro Geney, activista en Sincelejo y que trabaja para organizaciones como «Vamos por los Derechos».
Esos grupos armados tienen como meta impedir la restitución de tierras, sobre todo en los Montes de María, que es la ruta que se sigue para llegar al golfo de Morrosquillo, sobre la costa norte colombiana, y que es el lugar «centro de operaciones de manejo de la droga, de la salida de la droga del país», añadió Geney.
Los Montes de María comprenden una cadena de montañas, ríos y suaves y fértiles laderas para cultivos de arroz, maíz, y tabaco, como los que sembraban las familias en Pechilín, y que por su cercanía al mar y a las múltiples vías fluviales, que dan fácil acceso al norte y centro del país, se convirtió en zona de disputa por su valor estratégico.
Sincelejo, la capital de provincia más cercana a la zona, alberga a por lo menos 90.000 desplazados o 30% de su población, según Mónica Vergara, secretaria del Interior de la alcaldía. «Va a llegar un momento que el municipio va a colapsar».
La última víctima de los asesinos fue Iván Darío Restrepo, de 44 años, quien fue muerto el pasado cuatro de mayo en Bello, Antioquia, también al noreste colombiano.
Durante el largo conflicto colombiano, según organizaciones no gubernamentales, primero los traficantes de droga hicieron en los años 80 una primera «contra reforma» agraria acumulando tierras para lavar dinero construyendo lujosas fincas, o poblándolas de ganado. Más tarde, ocurrió una segunda contra reforma con la creación y crecimiento de los paramilitares, según activistas.
Según el gobierno, para el 2011 al menos 60% de la tierra cultivable del país estaba en manos de 14.000 propietarios, mientras 2,5 millones de campesinos tenían menos de 20%.
En un vasto informe en diciembre de 2012 el oficial Instituto Geográfico Agustín Codazzi al menos 80% del territorio está en manos de 24% de propietarios, mientras 65% de los propietarios no tenían más del 10% del territorio.
El Alto Comisionado para la Paz y uno de los negociadores oficiales en La Habana, Sergio Jaramillo, dijo a The Associated Press que esperan revertir la situación de acumulación de tierras en pocas manos y «usarlo a nuestro favor al tomar de aquellos que adquirieron ilegalmente algunas de las mejores tierras en el país y distribuirla entre aquellos que la necesitan».
En su acuerdo de mayo pasado, un texto de 20 páginas cuyos detalles aún no se conocen, se enumera lo que sucederá en el campo una vez se alcance el acuerdo final, dijo Jaramillo que afirma que una vez la guerrilla se desmovilice, los 8.000 combatientes que tienen serán los nuevos aliados para enfrentar a quienes amenazan y matan a los reclamantes de tierras.
También se planea algún tipo de supervisión o monitoreo internacional, dijo Jaramillo. A esos violentos «los derrotas. Eso es lo que creo. Porque hay demasiada atención y demasiado en juego».
Pero los negociadores han dicho que no habrá acuerdo final sobre el tema agrario hasta que no se acuerden los restantes cinco temas de la agenda, que incluye el narcotráfico, una de las fuentes de financiación de los rebeldes.
Para el Ministerio de Agricultura, y algunos asesores que trabajaron con la mesa de diálogos en La Habana en el tema de tierras, de las 35.846 solicitudes por reclamo de tierras, al menos 36,2% tienen como origen el despojo o abandono provocado por la acción de esa guerrilla, seguida por los paramilitares con 32,4%, y el resto por otras bandas criminales o testaferros.
Las FARC niegan vehementemente esa acusación, pero el gobierno dice que los rebeldes sí ocuparon a través de testaferros tierras al sur del país, mientras que al norte las parcelas fueron abandonadas por su accionar
En Sucre, las solicitudes de restitución ascienden a más 1.658 por unas 50.997 hectáreas, según Elina Rivero, encargada de la atención social en la oficial Unidad de Tierras en Sincelejo, en su mayoría por acción de los paramilitares.
De esos reclamos, al menos 20 han sido atendidos y se han devuelto 1.024 hectáreas en Sucre, agregó Rivero.
La cifra oficial de 12.000 hectáreas devueltas desde 2012 a un total de 400 familias es disputada por varios grupos que dicen que es muy poco comparado con el volumen de tierras robadas en un creciente ambiente de amenazas y muertes: al menos cinco en 2013, aunque ninguno de ellos en Sucre, según grupos no gubernamentales.
En total en el país se calcula que 5,7 millones de personas han sido desplazadas desde 1985 y hasta el año pasado, según la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos.
La zona de los Montes de María comprende 15 municipios, incluido Morroa, ubicadas en las provincias vecinas de Sucre y Bolívar, fue escenario de las más notoria y sangrienta escalada de violencia de los paramilitares de 1996 a 2001.
Durante esos años perpetraron 42 masacres con un total de 354 muertos, según el Centro de Memoria Histórica, una entidad pública encargada de documentar y recoger todos los testimonios orales y recopilarlos en relación al conflicto.
–«¿Te acuerdas cuando nos metíamos bajo la cama?», dice Nellis Payares a María Vergara, refiriéndose a los más duros años de violencia que azotó esta región.
–«Sí, pesao*» o fuerte de enfrentar, respondió Vergara, esposa de Ruiz, sentada en una silla plástica blanca mientras peinaba su cabello castaño tras un baño en el patio de su humilde casa de bahareque a las afueras de Morroa.
Las dos mujeres, Nellis, de 21 años, y Vergara, de 48, se conocen porque comparten una historia que quizá revela las complejidades de la devolución de tierras.
El padre de Payares, Luis Alfonso, de 68 años, fue asesinado a machetazos en septiembre de 2005 en la finca Pechilín cuando se opuso a que se llevaran unas vacas de la hacienda.
Según su esposa Doris del Carmen Carrascal, una mujer de 44 años de escasas palabras, pero de ojos vivaces, risa fácil, y pocos dientes, Luis Alfonso fue de los últimos en irse de la finca porque el resto de las familias ya habían abandonaron las tierras por miedo a ser los próximos asesinados, masacrados y por el aislamiento a la que la población fue sometida pues los paramilitares impedían el paso de burros y vehículos cargados de mercancías, comida o combustible pues creían que iban para los rebeldes; sus archienemigos.
Carrascal salió de su finca en 2004 y se radicó en El Yeso, otra zona rural de Morroa, con sus ocho hijos, y se instaló en casa de su madre, mientras su esposo, con quien llevaba 20 años de matrimonio, trabajaba en la finca Pechilín hasta que lo asesinaron. Ni ella ni las autoridades saben quiénes fueron los autores del asesinato.
Pese a la sentencia en su favor, algunos campesinos no quieren retornar al Pechilín por miedo. Dicen, además, que ya han reconstruido sus vidas por más de una década en otra parte y que lo menos que esperan es trabajar en esas tierras que abandonaron. Algunos están ahora en sus humildes casuchas en zonas rurales de Morroa, un municipio agrícola de 14.100 habitantes, de calles de tierra rojiza, en su mayoría, y en donde crían su propio ganado sobre tenues colinas verdes.
«Es duro de volver otra vez para’lla», dijo Carrascal. Su hija Nellis explica: «después de lo que pasó allá (con el asesinato de su padre) es duro».
Pero de la misma manera que niega rápida y enfáticamente que no quiere regresar también dice, presurosa y sonriente, que quiere comprar diez vacas y tenerlas en ese lote de Pechilín y trabajar con algunos de sus hijos, todos ahora reunidos en casa de su madre: un conjunto de tres chozas, sin piso, sin agua y sin electricidad en El Yeso.
El poblado queda a unas dos horas a pie de Pechilín, salvo que arrienden una moto, entre cinco centavos a 10,5 dólares, dependiendo de la distancia del trayecto; una fortuna para estas familias que, incluso, piden ayudas a desconocidos para comprar algo de café en polvo.
«Eso no lo vamos a arreglar de la noche a la mañana», dijo Rivero, funcionaria de la Unidad de Tierras en Sincelejo. «No es tan fácil borrar la historia de verdad, de tragedia, que pudieron vivir esas familias, no es tan fácil. Entonces eso nos va a tomar un poco de tiempo».
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Vivian Sequera está en Twitter como @VivianSequera
Frank Bajak está en Twitter como @fbajak
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