El analista político José Vicente Carrasquero analizó en Actualidad Radio los desafíos que enfrenta Venezuela en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la legitimidad de las instituciones encargadas de seleccionar a los nuevos magistrados y el papel que debería desempeñar el Poder Judicial en un eventual proceso de transición democrática.
Uno de los principales puntos del análisis fue la duración del mandato de los nuevos magistrados. Carrasquero defendió la necesidad de establecer reglas claras sobre su permanencia en el cargo y advirtió que aceptar un nombramiento provisional sin garantías jurídicas podría comprometer la independencia de quienes integren el máximo tribunal. A su juicio, Venezuela necesita una institución con plenas competencias y magistrados capaces de ejercer sus funciones sin subordinación a intereses partidistas.
El analista también señaló que la renovación judicial podría abrir el camino a investigaciones sobre presuntos abusos y violaciones de derechos humanos cometidos durante las últimas décadas. En ese sentido, consideró que las denuncias que comienzan a presentarse ante la Fiscalía podrían ser parte de un proceso más amplio de rendición de cuentas.
Sin embargo, la conversación puso de relieve un dilema fundamental: la legitimidad de una Asamblea Nacional cuestionada políticamente para designar a magistrados cuyo mandato podría extenderse durante 12 años. El debate enfrentó dos preocupaciones: la necesidad de contar con un Tribunal Supremo de Justicia sólido e independiente y las dudas sobre la autoridad de las instituciones que realizarían los nombramientos.
Entre las alternativas discutidas estuvo la posibilidad de establecer un tribunal transitorio, cuyos integrantes pudieran volver a postularse ante una nueva Asamblea Nacional elegida democráticamente. No obstante, también se advirtió que la falta de claridad sobre la duración del mandato y las condiciones del nombramiento podría desalentar la participación de juristas independientes.
Carrasquero planteó, además, que una verdadera transición democrática debería apoyarse en elecciones presidenciales y legislativas que permitan recuperar la legitimidad de los poderes públicos. Una nueva Asamblea Nacional tendría entonces la responsabilidad de impulsar instrumentos legales relacionados con la memoria histórica y las garantías de no repetición, mientras que el Poder Judicial debería garantizar su aplicación.
El analista advirtió sobre los riesgos de los planteamientos maximalistas que buscan alcanzar una solución perfecta desde el comienzo, pero que pueden terminar dificultando los acuerdos necesarios para avanzar. El reto, según el debate, consiste en encontrar un equilibrio entre las exigencias de justicia, la legitimidad institucional y las posibilidades reales de construir una transición democrática sostenible en Venezuela.
📷 AP Foto/Matías Delacroix, Archivo