MIAMI — El gobierno de Estados Unidos redujo de 30 a 10 los días que tienen los refugiados para impugnar la revocación de su estatus, una medida que entra en vigor este miércoles y que, según sus críticos, podría derivar en la deportación de decenas de miles de personas que huyeron de la persecución y las guerras, informó The Associated Press.
La medida forma parte del esfuerzo de la administración Trump por restringir un programa que durante décadas protegió a refugiados. Según el documento, busca «mitigar riesgos potenciales» de personas admitidas sin ser elegibles, y apunta a los admitidos bajo el expresidente Joe Biden, cuando —afirma el gobierno— hubo una «alarmante erosión de la integridad» del programa, algo que las organizaciones defensoras rechazan.
El gobierno de Trump ya revisa los casos de al menos 185.000 refugiados admitidos bajo Biden que aún tienen pendientes sus solicitudes de residencia permanente, reportó AP.
«Estas familias hicieron todo lo que se les pidió», declaró Krish O’Mara Vignarajah, presidenta de Global Refuge. Los refugiados pasaron entrevistas, verificaciones de antecedentes y años de espera antes de pisar suelo estadounidense, recordó. El Departamento de Seguridad Nacional pretende ahora revisar esas decisiones con un plazo de 10 días, «totalmente insuficiente para encontrar un abogado, traducir documentos u obtener registros de un país del que se vieron obligados a huir».
HIAS alertó que los deportados podrían enfrentar daños, persecución y tortura en sus países. «Tratan de trastocar el principio fundamental de que el reasentamiento de refugiados representa una protección permanente», dijo su vicepresidenta, Naomi Steimberg. Church World Service afirmó que no habrá «ninguna oportunidad significativa» de apelar, y su director de políticas, Danilo Zak, la calificó como diseñada para «el desarraigo y la expulsión» de miembros de las comunidades.
Zach Kahler, portavoz de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, defendió la política: la agencia detectó una «alarmante erosión» de las medidas de revisión bajo Biden para acelerar el procesamiento, y el gobierno busca reservar el estatus «solo para quienes eran elegibles según la ley». El Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido a las solicitudes de comentarios, indicó AP.
La administración también ha reorientado el programa hacia el reasentamiento de sudafricanos blancos: en septiembre anunció un tope de 17.500 admisiones para 2027, en su mayoría para ese grupo. Trump ya había recortado las admisiones en su primer mandato; Biden lo reconstruyó con meta de 125.000, pero Trump lo suspendió al volver y lo reabrió limitado mayormente a sudafricanos blancos.
📷 AP Foto/Kyle Green, Archivo