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La justicia estadounidense impone la mayor sanción económica de la historia contra un líder del Cártel de Sinaloa

por Actualidad Radio

La justicia federal estadounidense dictó una sentencia sin precedentes contra Ismael «El Mayo» Zambada, considerado durante más de cuatro décadas uno de los jefes del narcotráfico más poderosos e inalcanzables del mundo. El cofundador del Cártel de Sinaloa fue condenado a cadena perpetua y al decomiso de 15 mil millones de dólares, la sanción financiera más alta impuesta a un procesado por narcotráfico en la historia del país.

Desde la sede de la corte, la periodista de investigación Maibort Petit analizó el fallo y destacó que la Fiscalía dejó sentado un claro mensaje de extraterritorialidad: cualquier individuo que introduzca sustancias ilícitas en territorio estadounidense será perseguido y juzgado, sin importar dónde se hayan cometido los delitos.

Estrategia de la defensa y condiciones de reclusión

A diferencia del prolongado juicio oral contra Joaquín «El Chapo» Guzmán, Zambada optó por declararse culpable con el único objetivo de evitar la pena de muerte.

Petit detalló los aspectos clave del acuerdo y la solicitud formulada por sus abogados:

  • Petición médica: Debido a su deterioro físico y psicológico, la defensa solicitó que cumpla su pena en un hospital penitenciario y no en la prisión de máxima seguridad ADX Florence.

  • Sin colaboración: Petit enfatizó que el capo no accedió a cooperar con las autoridades ni a entregar información sobre mandos del Cártel de Sinaloa, funcionarios mexicanos o políticos de la región.

Cacería financiera e indemnización a víctimas

Respecto al decomiso multimillonario, la periodista aclaró que la cifra estipulada autoriza a las agencias federales a iniciar una compleja persecución de bienes, empresas fachada y testaferros vinculados al patrimonio acumulado por el capo durante más de 40 años.

Asimismo, se abrió la posibilidad legal de que familiares de personas asesinadas u orquestadas por el Cártel de Sinaloa puedan acceder a recursos indemnizatorios a medida que el gobierno logre recuperar los activos confiscados.

(Elizabeth Williams via AP, COURTROOM SKETCH)

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