MONTEVIDEO (AP) — La Cámara de Diputados votará el martes un proyecto que legaliza el aborto en Uruguay hasta las 12 semanas de embarazo, tras un proceso de negociación entre los partidos en el que se habrían logrado los votos necesarios para aprobarlo.
Los diputados debatían el proyecto en una sesión extraordinaria que a comienzos de la tarde estaba protagonizada por largas exposiciones de distintos legisladores. Mientras, en el sector destinado al público, unos cientos de personas seguían el debate vistiendo camisetas amarillas con leyendas contra el aborto. El texto a ser votado surge de modificaciones a un proyecto anterior aprobado en el Senado en diciembre.
La base del proyecto de ley negociado en una comisión legislativa fue redactada por el diputado Iván Posada del Partido Independiente de centroizquierda, que entregó a la AP una copia del texto.
«La interrupción del embarazo no será penalizada… para el caso que la mujer cumpla voluntariamente con los requisitos que se establecen en los artículos siguientes y se realice antes de las doce semanas de gravidez», dice el proyecto de ley en su segundo artículo.
El artículo siguiente determina que cuando una mujer indique al médico que quiere abortar, éste la derivará a un «equipo interdisciplinario» integrado por al menos tres profesionales -un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social_que deberá informarle los riesgos y las «alternativas al aborto», incluyendo los programas de apoyo a la maternidad y la posibilidad de entregar a su hijo en adopción.
«Es importante que la mujer que decida hacerse un aborto participe de una instancia donde se la informe, se le expliquen las opciones incluyendo las alternativas y sea libre de elegir», dijo Posada.
De aprobarse la iniciativa, Uruguay será el segundo país de América Latina después de Cuba en legalizar el aborto. En Argentina y Colombia está permitido cuando existe riesgo de vida para la madre o el embarazo fue fruto de una violación. En Colombia, además, también está autorizado en caso de malformación probada del feto. En Ciudad de México también es legal dentro de las primeras 12 semanas de gestación. En el resto del país los códigos penales establecen excepciones, por ejemplo, en prácticamente todos se establece que no habrá castigo en caso de violación.
Otros artículos establecen que fuera de este plazo se podrá abortar en caso de violación, de riesgo para la madre o de malformaciones fetales graves.
«El proyecto tiene como objetivo disminuir el número de abortos en el país», indicó Posada. «Se habla de que hay 30.000 al año, es una cifra hipotética, pero sea el número que sea es realmente dramático para un país donde anualmente nacen 47.000 niños», explicó.
El voto de Posada es fundamental para que el partido de gobierno logre los 50 que precisa en la cámara baja para que el texto sea aprobado.
El texto dice que el personal de salud podrá presentar «objeción de conciencia» para no tener que participar de abortos si no está de acuerdo con ellos por motivos éticos. Además, las instituciones de salud privada que tengan «objeciones de ideario» contra el aborto podrán derivar mujeres a otros centros.
Por otra parte, el proyecto determina que sólo podrán practicarse un aborto «las ciudadanas uruguayas» o «las extranjeras que acrediten fehacientemente su residencia» en Uruguay por al menos un año.
«Es una solución para quienes viven aquí, no que Uruguay se constituya en un lugar para que venga gente de otros países a (realizarse) esta práctica», explicó Posada.
El diputado oficialista Víctor Semproni defendió el texto. «La realidad es que la actual penalización no frena a nadie», declaró el lunes por la noche a radios locales.
El 51% de los uruguayos está a favor de que se despenalice el aborto y 34% está en contra, según un estudio de la consultora privada Cifra.
La iniciativa ha generado controversia en Uruguay, donde se organizaron actos a favor y en contra.
Juan Pablo Tosar, un bioquímico de 26 años miembro del Espacio Joven Vida Más, contrario a la legalización del aborto, criticó la iniciativa. «Este tipo de proyectos no ayuda a que valoremos la vida de todos los seres humanos», declaró a la AP. «Hay muchas mujeres embarazadas desamparadas y sólo se les brinda la posibilidad de abortar, manteniendo su situación», agregó.
En tanto, las organizaciones a favor de la legalización están disconformes con el proyecto, al que consideraron «insuficiente».
«Esta no es la ley por la que hemos luchado por más de 25 años», dijo a la AP Marta Aguñin, dirigente de la organización no gubernamental Mujer y Salud en Uruguay.
Agregó que «las mujeres tendrán que comparecer ante un tribunal de expertos para dar explicaciones… Es casi imposible cumplir los plazos pautados, concretar todo antes de las 12 semanas de embarazo, y si se pasa el plazo, hay mujeres que no van a tener más remedio que recurrir a otra forma y eso será delito».
La organización convocó a un acto frente al Parlamento mientras se discute el proyecto, que indica que la mujer que pida practicarse un aborto deberá explicar «las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias, que a su criterio, le impiden continuar con el embarazo»..
Por su parte, la ginecóloga Marie González, docente de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, consideró «nefasto» el proyecto.
«El embrión-feto es un ser humano, y como tal tiene derechos, como el derecho humano a vivir», afirmó.
Organizaciones anti aborto realizaron una marcha por la principal avenida de Montevideo el lunes por la noche, llamando a «defender la vida».
«El proyecto considera al aborto como un acto médico, siendo que es la antítesis, la medicina es para salvar vidas», dijo González, explicando que si el texto es aprobado abogará por que sean «muchos los ginecólogos que se nieguen a practicarlo por objeción de conciencia».
El Parlamento uruguayo había aprobado una ley similar en 2008 pero el entonces presidente Tabaré Vázquez –del Frente Amplio al igual que el actual mandatario José Mujica– vetó la ley. Mujica anticipó que no vetará la ley si es aprobada.
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