Lo que parecía una jornada laboral rutinaria se convirtió en una pesadilla de 30 días para Ángel Camacho, un ingeniero de sistemas venezolano con casi una década residiendo en Estados Unidos. Camacho, un profesional con maestría en telecomunicaciones y sin antecedentes penales, fue contratado para realizar una inspección técnica en la estación de la Patrulla Fronteriza en Dania Beach, Florida.
A pesar de que su empleador envió previamente sus documentos y recibió una confirmación oficial de que el ingeniero estaba “aprobado” para ingresar a las instalaciones, el personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lo esperaba para arrestarlo al momento de su llegada.
El perfil del detenido
Ángel Camacho, de 43 años, es propietario de una vivienda y padre de hijos nacidos en territorio estadounidense. Su historial migratorio refleja una estancia apegada a la norma:
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Ingresó con visa de turista en 2016 y obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS).
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Posee permiso de trabajo, número de Seguro Social y licencia de conducir vigente.
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Actualmente tiene una solicitud de residencia permanente en curso por estar casado con una ciudadana estadounidense.
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Ha declarado y pagado impuestos anualmente durante su estancia en el país.
«Alligator Alcatraz»: 30 días en el centro de detención
Tras su arresto, el ingeniero fue trasladado al centro de detención migratoria ubicado en los Everglades, conocido popularmente como “Alligator Alcatraz”. Camacho describió su estancia de un mes como «la peor pesadilla», denunciando que fue recluido junto a personas con antecedentes criminales violentos pese a su historial limpio.
Aunque la administración actual ha promocionado estos centros como instalaciones para albergar a los migrantes «más violentos», datos de ICE revelan una realidad distinta: hasta mediados de octubre, solo el 25% de los detenidos en ese centro tenían condenas penales y apenas el 7% contaban con condenas por delitos violentos.
El auge del «Habeas Corpus»
El caso de Camacho no es aislado. Con cerca de 70,000 personas bajo custodia de ICE, los tribunales federales de Florida están enfrentando un «tsunami» de peticiones de habeas corpus.
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Aumento drástico: Las solicitudes pasaron de un promedio de cinco al mes el año pasado a casi 400 presentadas solo el mes pasado en los distritos Sur y Medio de Florida.
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Cambio en la política: Abogadas de inmigración señalan que el gobierno comenzó a negar repentinamente audiencias de fianza a personas sin antecedentes detenidas dentro del país, obligando a los litigantes a recurrir a los tribunales federales para exigir la liberación de sus clientes.