La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía General, la cual fue enviada de inmediato para la firma de la presidenta interina Delcy Rodríguez. Aunque la norma busca la «liberación de cientos de presos políticos», ha generado reacciones encontradas debido a las limitaciones impuestas en su articulado.
Uno de los primeros beneficiados fue el dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, a quien se le retiró el grillete electrónico en la madrugada de este viernes. “Quiero confirmar que ya estoy en libertad plena”, declaró Guanipa en sus redes sociales. El exdiputado, sin embargo, calificó la ley como un “documento chucuto” que pretende chantajear a inocentes y excluye a numerosos venezolanos que aún sufren en «centros de tortura».
Una ley «a medias» y selectiva
En el programa A Esta Hora, el abogado Joel García analizó las deficiencias del instrumento legal:
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Exclusiones críticas: La ley excluye a personas acusadas de violaciones de derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
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Casos específicos: También deja fuera a quienes hayan participado en acciones de fuerza contra la soberanía con apoyo extranjero, una cláusula que, según críticos, podría usarse contra figuras como María Corina Machado.
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Falta de justicia integral: García cuestionó que la norma no incluya un reconocimiento de responsabilidad del Estado, mecanismos de reparación para las víctimas, ni una comisión de verificación independiente.
García advirtió que los criterios basados en eventos específicos dejan fuera años de detenciones políticas. Mientras algunas familias celebran excarcelaciones, otras enfrentan un «profundo sentimiento de injusticia» ante las exclusiones. Por su parte, Guanipa insistió en que «no existe reconciliación bajo coerción» y llamó a trabajar hasta que todos los exiliados puedan volver.