El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, manifestó el miércoles que espera que el proyecto de Ley de Amnistía sea discutido y aprobado pronto en el legislativo, y sirva de herramienta para potenciar el diálogo con los sectores políticos, económicos y sociales del país.
“En este caso lo que quisiéramos es que esta ley dé un mensaje poderoso, potente, de la intención de un nuevo momento político que además potencie de manera acelerada el diálogo entre los factores políticos, sociales, económicos y culturales del país”, manifestó Rodríguez a la prensa, luego de una reunión entre representantes de los partidos de la alianza oficialista y varias organizaciones de oposición.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el viernes pasado un proyecto de ley de amnistía para la liberación masiva de dirigentes opositores, sindicalistas, periodistas, estudiantes y activistas de derechos humanos presos por motivos políticos.
Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada el 5 de enero ante la Asamblea Nacional, dos días después de que Estados Unidos, en un audaz operativo militar, depuso y capturó en la capital venezolana al exmandatario Nicolás Maduro. La entonces vicepresidenta era, de acuerdo con la Constitución, la primera en la línea de sucesión.
La propuesta de ley fue recibida con cautela por organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas Foro Penal, una de las más prestigiosas del país sudamericano y que monitorea la situación de los presos.
El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, sostiene que la citada ley genera optimismo, pero pidió cautela y que “no sirva para crear un manto de impunidad por violaciones a los derechos humanos en el pasado”.
La ley de amnistía era una de las principales exigencias de la oposición y activistas por los derechos humanos, y Estados Unidos la respaldaba. Esa petición se acentuó especialmente tras la separación de Maduro del poder.
Los años a considerar en el proyecto de ley incluyen el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y el de Maduro (2013-2026), su sucesor y heredero político. La ley de amnistía, según se informó, excluirá a los condenados por homicidio, tráfico de drogas y violaciones graves a los derechos humanos.
Previamente, el 8 de enero —luego del traslado de Maduro para comparecer ante un tribunal en Nueva York con el fin de que enfrente cargos por presunto narcoterrorismo—, la presidenta encargada ofreció la liberación de un “número importante” de presos como una señal para consolidar la paz y convivencia.
Sin embargo, el proceso ha enfrentado críticas de familiares y organizaciones civiles por falta de celeridad e información de las excarcelaciones.
Voceros del gobierno han dicho que ha liberado a casi 900 reclusos desde diciembre.
Según cifras de Foro Penal, desde el 8 de enero hasta las 10 de la mañana del miércoles, 350 personas han sido excarceladas y más de 600 permanecen detenidas por razones políticas.
El gobierno niega que existan “presos políticos”, y acusa a los detenidos de conspirar para desestabilizarlo.
Fuente: Associated Press