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El abogado constitucionalista Sabino Jáuregui advirtió en Actualidad Radio que la reciente autorización para que agentes de ICE realicen arrestos en domicilios mediante órdenes administrativas —sin una orden judicial— constituye una probable violación constitucional. Jáuregui explicó que estas acciones vulneran la Cuarta Enmienda, que protege a los ciudadanos contra registros irrazonables.
El experto anticipó que organizaciones como la ACLU presentarán recursos de emergencia (temporary injunction) para detener estas medidas. “Una decisión judicial meses después no repara una deportación ya ejecutada”, afirmó Jáuregui, destacando que las interpretaciones administrativas internas no garantizan la legalidad de los procedimientos.