Un juez colombiano ordenó el sábado la prisión como medida de aseguramiento de dos hombres acusados por la Fiscalía de haber llevado camiones con explosivos y detonarlos en las inmediaciones de una escuela de aviación en el suroeste de Colombia. El atentado, perpetrado el jueves, dejó seis muertos y más de 60 heridos.
Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, capturados el día del atentado, deberán permanecer en un centro carcelario durante el tiempo en que avanza la investigación en su contra, tras ser imputados por los presuntos delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación tráfico y porte de armas, informó el Ministerio Público en la red social X. Ninguno aceptó los cargos.
El atentado fue perpetrado el jueves en Cali, cerca de una base aérea, en un acto que las autoridades adjudicaron a las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz con el Estado en 2016. Las víctimas fueron civiles, según las fuerzas militares.
La Fiscalía precisó que Yonda y Obando habrían trasladado dos camiones con explosivos caseros a las inmediaciones de la escuela de aviación Marco Fidel Suárez, donde “habrían activado las plataformas de artefactos improvisados, generando el estallido de una”. La comunidad impidió su huida y fueron detenidos por la policía, señaló.
Esto sucedió en paralelo al ataque contra un helicóptero en Antioquia, en el noroeste del país, en el que murieron 13 policías y tres más resultaron heridos. Este hecho también fue adjudicado a las disidencias de las desaparecidas FARC.
El presidente colombiano Gustavo Petro, quien visitó en el hospital policial a los agentes heridos, publicó en X que, de acuerdo con un video, el sitio donde se posó el helicóptero en lo alto de una colina “había sido acondicionado” días antes con cilindros explosivos.
“Cuando los policías iban a entrar al helicóptero, activaron las cargas explosivas”, escribió.
Los uniformados “que rodeaban el helicóptero murieron, incluido el subteniente que grababa la operación”, detalló Petro. En su celular quedó grabado el hecho, agregó.
Tras los ataques, el gobierno ofreció una recompensa de 50.000 dólares por información que permita alertar de cualquier intento de atetando terrorista en el país.
Varios países, como Estados Unidos, y organismos internacionales condenaron los ataques.
El gobierno de Petro, el primero de izquierda en Colombia, promueve una política de “paz total” en el marco de la cual ha intentado diálogos infructuosos con facciones disidentes de las FARC, que fueron cuestionados por sectores de oposición que creen que alienta la “impunidad”.
“Nadie debe arrepentirse de buscar la paz”, señaló el mandatario. Agregó que el grupo ilegal armado se ha fortalecido no por su esfuerzo de paz sino por “el aumento de consumo de cocaína en el mundo”.
Fuente: Associated Press