El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el jueves que pretende juzgar a Kilmar Ábrego García por cargos federales de tráfico en Tennessee antes de deportarlo a un país que no sea su natal El Salvador.
“Este acusado ha sido imputado por crímenes horribles, incluido el tráfico de niños, y no volverá a caminar libremente en nuestro país”, le dijo Chad Gilmartin, portavoz del departamento, a The Associated Press.
Gilmartin hizo la declaración horas después de que un fiscal federal le dijera a una jueza federal en Maryland que el gobierno de Estados Unidos planea deportar a Ábrego García a un “tercer país” que no es El Salvador. Sin embargo, el abogado del Departamento de Justicia, Jonathan Guynn, indicó que no hay un plazo para los planes de deportación.
Ábrego García, un trabajador de la construcción radicado en Maryland, se convirtió en un punto de controversia sobre las políticas de inmigración de Trump tras ser deportado por error en marzo a El Salvador. Ha estado preso en Tennessee desde que fue devuelto a Estados Unidos el 7 de junio para enfrentar cargos federales de tráfico de personas.
Guynn reconoció los planes del gobierno en una conferencia telefónica planificada apresuradamente con los abogados de Ábrego García y la jueza federal de distrito Paula Xinis en Greenbelt, Maryland. Los abogados del acusado habían presentado una solicitud de emergencia para que Xinis le ordenara al gobierno que lo traslade a Maryland cuando sea liberado en Tennessee, un acuerdo que evitaría su deportación antes de que enfrente el juicio.
“Nos preocupa que el gobierno pudiese intentar expulsar al señor Ábrego García rápidamente durante el fin de semana, o algo así”, le dijo Jonathan Cooper —uno de los abogados— a Xinis durante la llamada.
Fiscal dice que “no hay un plazo”
Sin embargo, Xinis señaló que no podía actuar tan rápidamente como los abogados de Ábrego García desearían. Explicó que debía tomar en cuenta las peticiones pendientes del gobierno del presidente Donald Trump para que el caso sea desestimado antes de poder decidir sobre la solicitud de emergencia. La jueza programó una audiencia para el 7 de julio en Maryland con el fin de examinar la solicitud de emergencia y otros asuntos.
No se sabe si el gobierno intentaría deportar a Ábrego García antes de que sea juzgado en Estados Unidos por cargos penales que fueron dados a conocer este mes.
Guynn le dijo a la jueza durante la llamada del jueves que “no hay un plazo”.
“Planeamos cumplir con las órdenes que hemos recibido de este tribunal y de otras cortes”, expresó. “Pero no hay un plazo para estos procedimientos específicos”.
Deportar a Ábrego García antes de su juicio sería un retroceso para un gobierno que lo trajo de regreso desde El Salvador hace sólo unas semanas con el fin de que enfrente cargos de tráfico de personas, algo sobre lo que la secretaria de Justicia, Pam Bondi, declaró: “Así funciona la justicia estadounidense”.
Barbara Holmes, jueza federal de primera instancia en Nashville, Tennessee, dictaminó que Ábrego García tiene derecho a ser liberado mientras aguarda un juicio. Sin embargo, el miércoles decidió mantenerlo bajo custodia al menos unos días más debido a preocupaciones de que agentes migratorios federales intenten deportarlo nuevamente de manera expedita.
Los abogados de Ábrego García en Maryland, donde su esposa demandó al gobierno de Trump por su deportación en marzo, han ofrecido una posible solución: le pidieron a Xinis que le ordene al gobierno que lo traslade a Maryland mientras él aguarda ser juzgado. Xinis ha estado supervisando la demanda en su tribunal de Greenbelt.
“Si este tribunal no actúa rápidamente, entonces es probable que el gobierno se lleve a Ábrego García a algún lugar lejos de Maryland”, escribieron los abogados del salvadoreño en su solicitud a Xinis.
Ábrego García vivió en Maryland, en las afueras de Washington, con su esposa e hijos estadounidenses durante más de una década. Su deportación violó una orden emitida en 2019 por un juez federal de inmigración, la cual prohibía su expulsión a su país natal. El juez determinó que Ábrego García enfrentaba una amenaza creíble de las pandillas que lo habían aterrorizado a él y a su familia.
El gobierno de Trump indicó que su violación de la orden del juez de inmigración de 2019 se debió a un error administrativo. Trump y otros funcionarios insistieron en los alegatos de que Ábrego García pertenecía a la pandilla MS-13, una acusación que él niega.
Ábrego García se declaró inocente el 13 de junio de los cargos de tráfico, que sus abogados dicen son un intento de justificar su expulsión errónea a una conocida prisión de El Salvador.
Esos cargos se derivan de una parada de tránsito por exceso de velocidad ocurrida en 2022 en Tennessee, durante la cual Ábrego García conducía un vehículo con nueve pasajeros, sin equipaje.
Holmes, la jueza de primera instancia en Tennessee, escribió el domingo en un fallo que los fiscales federales no lograron demostrar que exista el riesgo de que Ábrego García se dé a la fuga ni que constituya un peligro para la comunidad.
Durante una audiencia judicial el miércoles, Holmes estableció condiciones específicas para su liberación, las cuales incluían que Ábrego García viva en Maryland con su hermano, que es estadounidense. Pero se abstuvo de liberarlo debido a preocupaciones de que los fiscales no pudieran evitar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo deporte.
Holmes les ordenó a los abogados de Ábrego García y a los fiscales que presenten informes sobre el asunto el jueves y el viernes, respectivamente.
Estados Unidos tendrá que echar mano de sus influencias diplomáticas
César Cuauhtémoc García Hernández, catedrático de derecho de la Universidad Estatal de Ohio, indicó que el gobierno de Trump estaría actuando “totalmente dentro de su poder legal al intentar expulsarlo a algún otro país”.
“El gobierno de Trump tendría que echar mano de sus influencias diplomáticas”, agregó el profesor. “Es inusual, pero no inaudito”.
Ábrego García también podría impugnar en el tribunal de inmigración las acusaciones penales y los intentos de expulsarlo mientras demuestra sus vínculos con Estados Unidos, explicó García Hernández.
Sea cual sea la decisión que tome un juez de inmigración, puede ser apelada ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, señaló el experto. Y posteriormente la decisión de la junta puede ser impugnada ante un tribunal federal de apelaciones.
Fuente: BEN FINLEY Associated Press