La Comisión de la Ciudad de Miami tiene programado votar este martes sobre un controversial acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), conocido como programa 287(g), que facultaría a la policía local para actuar como agentes de inmigración. La medida ha generado un fuerte rechazo de una coalición de grupos de derechos civiles y activistas proinmigrantes, quienes planean manifestarse frente al Ayuntamiento para pedir su rechazo.
El acuerdo 287(g) permitiría a los oficiales de la policía de Miami interrogar, arrestar y detener a personas sospechosas de haber violado leyes de inmigración sin necesidad de una orden judicial. Esta iniciativa, impulsada a nivel estatal por el gobernador Ron DeSantis y a nivel federal por una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, ya ha sido adoptada por unas 250 ciudades y condados en Florida, incluyendo municipios de Miami-Dade como Hialeah, Doral y Coral Gables.
Sin embargo, los opositores argumentan que la Ciudad de Miami no está legalmente obligada a firmar el acuerdo. Citan el estatuto de Florida 908.11, que, según su interpretación, solo exige la firma del acuerdo a entidades que operan centros de detención del condado, lo cual no es el caso del Departamento de Policía de Miami. Esta postura se ve reforzada por la acción de la Ciudad de South Miami, que ha presentado una demanda contra el estado para que un juez aclare si la participación en el programa es obligatoria u opcional.
«Convertir a la policía local en agentes federales de inmigración no nos hará más seguros; romperá a las familias, erosionará la confianza de la comunidad y expondrá a la ciudad a costosas consecuencias legales», declaró en un comunicado Paul Christian Namphy, director de políticas de Family Action Network Movement (FANM), una de las organizaciones que lideran la protesta.
Activistas de grupos como la ACLU de Florida y la Florida Immigrant Coalition (FLIC) sostienen que este tipo de acuerdos fomenta el perfilamiento racial y debilita la seguridad pública, ya que las víctimas y testigos de crímenes, por temor a su estatus migratorio, dejarían de cooperar con la policía. «Los funcionarios de la Ciudad de Miami deben priorizar su deber fiduciario de proteger los intereses financieros y el bienestar de los residentes», añadió Tessa Petit, directora ejecutiva de FLIC.
A pesar de la presión estatal, incluso el jefe de la policía de Coral Gables, Ed Hudak, admitió en una reunión pública que firmar el acuerdo no era una obligación legal para su ciudad.
La votación de hoy en Miami se presenta en un ambiente de gran tensión política. Aunque una nota en la agenda sugiere que el tema podría ser aplazado, fuentes citadas por el portal Political Cortadito temen que sea una estrategia para evitar el debate público. La decisión podría recaer en votos de línea partidista, con el comisionado recién electo, Ralph Rosado, como posible voto decisivo.
La reunión de la comisión está programada para comenzar a las 9:30 a.m. en el Ayuntamiento de Miami.