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En juego $10 mil millones: El controvertido aumento de FPL se dirige a negociaciones confidenciales

por actualidad

El histórico aumento de tarifas de casi $10 mil millones de dólares propuesto por Florida Power & Light (FPL) podría estar a punto de resolverse con un acuerdo, pero la propuesta ha generado un fuerte rechazo de grupos de defensa del consumidor que temen que la decisión se tome a puerta cerrada.

FPL, junto a varias grandes corporaciones y grupos empresariales como Walmart y la Federación de Minoristas de Florida, presentó una moción el pasado viernes para suspender las audiencias públicas programadas para este lunes. Estas audiencias son un foro clave donde los detalles internos de la compañía y los ejecutivos responden a preguntas bajo juramento.

Los grupos que representan a los residentes, incluyendo al defensor del consumidor designado por el estado (Office of Public Counsel), no formaron parte de la moción y han exigido que las audiencias se lleven a cabo. «El problema con esto es que no tiene que incluir a todos los que intervienen formalmente en un caso de tarifas, y la decisión es final», dijo a Local 10 News Zayne Smith, asesora principal de AARP Florida. «Son conversaciones a puerta cerrada».

Los opositores al acuerdo señalan que, aunque los grupos que lo apoyan representan a una «minoría pequeña pero bien representada» de los clientes de FPL, los residentes conforman aproximadamente el 93% de la base de clientes de la empresa.

El presidente de FPL, Armando Pimentel, ha celebrado la posibilidad de un acuerdo, describiéndolo como «una victoria para nuestros clientes» que permitirá a la compañía «hacer inversiones inteligentes… mientras mantiene las facturas bajas». Por su parte, la portavoz de FPL, Andrew Sutton, aseguró que, de aprobarse, el acuerdo «será presentado a la Comisión de Servicio Público para su revisión y aprobación, continuando lo que ha sido un extenso proceso público».

Sin embargo, para los defensores de los consumidores, la falta de transparencia es el principal problema. Bradley Marshall, abogado que representa a grupos de consumidores y ambientalistas, afirmó que «tener una audiencia pública es un bien público».

La Comisión de Servicio Público de Florida decidirá este lunes si concede la solicitud de FPL de pausar las audiencias para negociar el acuerdo de forma confidencial.

 

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