Tras la matanza de Orlando (Florida) de la semana pasada, que causó 50 muertos (incluido el autor de los disparos), el Senado vota cuatro propuestas para aumentar el control sobre las armas de fuego en el país.
Se trata de un patrón que viene siendo habitual tras los últimos tiroteos masivos en suelo estadounidense, ya que tanto después de la matanza en una escuela de Newtown (Connecticut) en 2012 y de la de San Bernardino (California) el año pasado, el Senado ya votó sobre medidas de estas características, rechazándolas en todos los casos.
En esta ocasión se votarán cuatro enmiendas, dos presentadas por los demócratas y dos por los republicanos (que ostentan la mayoría en la Cámara Alta), lo que a priori podría ayudar a que se aprobase alguna de ellas, aunque la mayoría de analistas apuntan a que ninguna logrará los apoyos suficientes.
Dos de ellas (una demócrata y otra republicana) son bastante similares en cuanto a su objetivo, impedir que personas investigadas por terrorismo puedan comprar armas, pero difieren en la forma.
La propuesta demócrata, presentada por la senadora californiana Dianne Feinstein, daría al fiscal general del país, es decir, al Departamento de Justicia, la potestad de prohibir la venta de un arma a cualquier persona que haya estado en una lista de sospechosos de terrorismo en algún momento durante los últimos 5 años.
Asimismo, el Gobierno también podría prohibir la operación en caso de que tenga una «sospecha razonable» de que el potencial comprador va a participar en actividades terroristas.
Por contra, la propuesta republicana, presentada por el senador tejano John Cornyn, establece que cuando una persona cuyo nombre aparezca en una lista de sospechosos de terrorismo intente comprar un arma, las autoridades deban ser alertadas, y el fiscal general pueda bloquear esa operación durante tres días.
En esos tres días, una corte judicial debería revisar el caso y tomar una decisión firme sobre si la venta se permite o no.
La medida demócrata, por tanto, concede más poder y margen de maniobra al Gobierno (a través del Departamento de Justicia), mientras que la republicana, que cuenta con el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), limita el poder gubernamental y deja la decisión final en manos de los jueces.
Para comprender mejor las implicaciones de una diferencia tan aparentemente menor pero que podría hacer que ninguna de las dos medidas prosperase, cabe recordar que el derecho a poseer y portar armas está recogido en la Segunda Enmienda a la Constitución y es, por tanto, un derecho constitucional de todo estadounidense.
La tercera de las medidas que se votarán hoy, presentada por los republicanos, dificultaría que los historiales de las personas con enfermedades mentales pudiesen ser añadidos a bases de datos de potenciales compradores de armas, lo que a priori debería contribuir a que estas no acabasen en manos de gente con problemas mentales.
Finalmente, la última propuesta, presentada por los demócratas, requeriría a todos los compradores de armas del país pasar antes una comprobación de sus antecedentes, algo que hoy en día no sucede en todos los estados.
Esta última medida fue presentada por el senador por Connecticut Chris Murphy, quien la semana pasada logró, tras una maniobra de filibusterismo en el pleno de la Cámara Alta de casi 15 horas de discurso que se alargó hasta la madrugada, un compromiso de los republicanos que permitió incluir en la agenda legislativa las votaciones de hoy.
Si todo va según lo previsto, el Senado votará las cuatro enmiendas de hoy (todas ellas incluidas en una propuesta de ley presupuestaria del Departamento de Justicia) a partir de las 17.30 hora local (21.30 GMT).
Fuente: EFE
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