16 Jul / 03:48 pm

Revelan alegaciones de abuso sexual infantil en albergue de Homestead

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En el ahora cerrado centro de detención de Homestead para niños migrantes en Miami-Dade hubo cuatro denuncias de abuso sexual infantil que resultaron en el despido de un empleado y la renuncia de otros dos, según documentos recién publicados.

La información sobre las denuncias, que ocurrieron en los 18 meses transcurridos entre enero de 2017 y julio de 2018, está en un informe de 17 páginas enviado a la oficina de la representante federal Debbie Mucarsel-Powell a mediados de mayo de 2017, un año después que la legisladora demócrata solicitó una investigación ante la Administración de Niños y Familias (ACF) federal sobre el centro.

El informe un vistazo a cómo los empleados que cuidaban a los niños inmigrantes en Homestead no fueron investigados a para determinar si tenían antecedentes de abuso infantil y cómo se reportaron y manejaron las denuncias.

En el informe de la ACF, la agencia federal que supervisa la detención y atención y de menores inmigrantes, los funcionarios reconocieron que el centro no verificó los antecedentes de los empleados que cuidaban a los niños en Homestead, un protocolo exigido por el el estado de la Florida para cualquier persona que trabaje con menores niños.

El razonamiento del gobierno para “pasar por alto” esos requisitos fue que la AFC y Caliburn, la empresa privada contratada para operar el centro de detención, “no podían verificar esos antecedentes debido a las restricciones en los estatutos y regulaciones aplicables en la Florida”.

Aunque el gobierno y Caliburn realizan verificaciones de antecedentes penales durante el proceso de contratación, todavía no está claro qué leyes y regulaciones de la Florida restringieron al centro de Homestead de verificar casos de abuso, que sacan a la luz acusaciones o investigaciones que muchas veces no están en el sistema de justicia penal.

Cuando se le pidió aclaración, la portavoz de la ACF, Lydia Holt, se negó a hacer comentarios y calificó la investigación “irrelevante” porque el centro no está abierto actualmente y cerró hace aproximadamente un año. Caliburn no respondió a varios correos electrónicos en que se le pedía más información.

Las instalaciones de Homestead, que se cerraron abruptamente en agosto de 2019 después que el Miami Herald informó que el centro no tenía un plan contra huracanes, supervisó hasta 1,200 menores a la vez, lo que lo convierte en el centro más grande del país para niños inmigrantes no acompañados. El gobierno federal define a los menores inmigrantes no acompañados como menores que ingresan a Estados Unidos sin su madre o padre de sangre.

Mucarsel-Powell describió las respuestas a sus 50 preguntas de “evasivas e incompletas, pero que incluso así describen un entorno con denuncias de abuso sexual del personal entre los niños, en que los empleados no son investigados para saber si tienen antecedentes de abuso infantil”.

“Es un vacío legal que permite el abuso infantil”, dijo Mucarsel-Powell el miércoles. “Tomaron la decisión consciente de no verificar a los empleados por razones de abuso. Esto es importante, esté el centro abierto o cerrado. Todos los días importa. No sólo aquí en la Florida, sino en todo Estados Unidos, donde todavía hay menores en centros de detención“.

Según el informe, “una denuncia de abuso sexual resultó en el despido de un empleado. En ese incidente, un menor que salió de Homestead informó tener sentimientos románticos por un empleado de Homestead y se mantuvo a través de las redes sociales. El empleado viajó al estado donde vivía el menor después de ser liberado de [nuestro] cuidado. Aunque la agencia [de Servicios de Protección Infantil] local decidió no investigar, el empleado fue despedido”, escribió la agencia.

Y sigue: “De las otras tres denuncias que ocurrieron en Homestead en este período, dos empleados renunciaron y otro nunca fue identificado en el informe de la denuncia”. El informe no ofreció detalles sobre los empleados que renunciaron.

LOS REGLAMENTOS

El año pasado, autoridades de la la ACF dijeron al Herald que tenían el derecho a no cumplir normas locales y estatales porque el centro de detención estaba en terrenos federales y porque se considera un centro federal de emergencia.

El miércoles, DaMonica Smith, portavoz del Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF), que normalmente autoriza el asentamiento de niños en grupos, como Homestead, dijo que “el DCF no tiene jurisdicción sobre esta instalación federal. Si el DCF tuviera jurisdicción, todo el personal estaría obligado a completar los controles de abuso como se describe en la ley estatal” 39.202.

Smith agregó que si el refugio para inmigrantes estuviera en terrenos no federales, se le hubiera exigido cumplir las normas establecidas, que incluye investigar a los empleados por casos previos de abuso o negligencia.

Según el informe de la ACF, las cuatro denuncias de abuso sexual en el albergue de Homestead fueron reportadas al Departamento de Justicia y al DCF, y que tres de las cuatro denuncias también fueron reportadas a la Policía de Miami-Dade.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), el programa de la ACF que se ocupa de la atención de niños inmigrantes bajo el Departamento de Salud y Servicios Humanos federal, “no es una entidad de investigación”, expresó el informe, señalando que “las entidades de investigación que recibieron informes de esas cuatro denuncias determinaron que no iba a investigar tres de los cuatro incidentes y no encontraron que las acusaciones fueran justificadas en el cuarto incidente”.

Pero los datos del DCF obtenidos por el Herald muestran que no se presentaron informes a la agencia estatal entre enero de 2017 y julio de 2018. La Policía de Miami-Dade no respondió el miércoles inmediatamente a una solicitud de declaraciones.

La ACF le ha dicho al Herald que “la ORR revisa cada informe de abuso sexual presentado por los proveedores de atención médica”. En el informe de la ACF, la agencia dijo que Caliburn “reporta denuncias de abuso sexual a la ORR, al Servicio de Protección Infantil, la agencia estatal de licencias, la Oficina del Inspector General del HHS y el FBI, adscrito al Departamento de Justicia federal”.

Pero esa parte sobre la ley estatal es solo parcialmente cierta, según el DCF, que ha dicho repetidamente al Herald que la agencia no está autorizada a investigar ninguna acusación ni entrar en la propiedad.

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Al Diaz ADIAZ@MIAMIHERALD.COM

El año pasado, la Policía de Miami-Dade le dijo al Herald que “si por casualidad es llamada al centro por abuso sexual, la seguridad no los deja entrar”.

“Por lo general, si recibimos una llamada de agresión sexual o algo similar es porque el funcionario no conoce el protocolo”, dijo un portavoz de la policía. “Si llegamos al lugar, no nos dejan entrar”.

No está claro a qué agencia estatal de licencias reportaría Caliburn si no tienen licencia del estado.

Homestead abrió por primera vez como una instalación de afluencia de emergencia en 2016 bajo el ex presidente Barack Obama cuando el número de migrantes entrantes en la frontera se disparó por primera vez.

El centro de detención cerró y reabrió sus puertas en marzo de 2018 con la misma designación de emergencia antes de cerrar de nuevo en agosto de 2019.

Las innumerables protestas y la cobertura mediática de la instalación de Homestead, que técnicamente está en la zona no incorporada de Miami-Dade, no en la ciudad de Homestead, llevaron a los funcionarios de Homestead a comunicarse con Mucarsel-Powell y su personal para cambiar el nombre a la instalación.

“Incluir Homestead en nombre del centro de detención da la falsa impresión de que está en la ciudad de Homestead y que la ciudad controla las instalaciones, lo cual simplemente no es el caso”, dijo el portavoz de la ciudad de Homestead, Zackery Good.

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La representante federal Debbie Mucarsel-Powell, demócrata por la Florida.. MATIAS J. OCNER MOCNER@MIAMIHERALD.COM

Fue entonces cuando Mucarsel-Powell llevó la solicitud a Washington y logró que le cambiaran el nombre: ahora se llama Biscayne Influx Care Facility, que se encuentra a pocas cuadras de Biscayne Drive. acabado final

“Fue una cicatriz en nuestra comunidad”, dijo. “Mucha gente estaba indignada porque daba la percepción equivocada de quiénes somos. Siempre sospechamos que los niños estaban expuestos a condiciones inseguras en las instalaciones, y ahora sabemos lo que temíamos, por lo que estoy pidiendo su cierre permanente”.

Aunque el centro actualmente permanece cerrado, los funcionarios federales pueden reabrirlo en cualquier momento. Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional con conocimiento de las operaciones de la instalación dijeron al Heraldo que “sólo el tiempo lo dirá. Las conversaciones están sucediendo activamente”.

 

 

Fuente: El Nuevo Herald

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