Hace dos semanas, una emisora de radio rusa de tendencia opositora entrevistó al analista político Valery Solovei, quien alegó que el gobierno mentía al decir que nadie había muerto por coronavirus en el país.
Solovei dijo a la radio Echo Moskvy que al menos 1.600 personas habrían muerto desde mediados de enero. El organismo de control de medios e internet de Rusia, Roscomnadzor, presionó rápidamente a la emisora para que retirase la entrevista de su cibersitio.
El pedido formaba parte de una amplia campaña gubernamental contra lo que las autoridades llaman “noticias falsas” sobre la pandemia.
El martes, legisladores rusos comenzaron a tomar medidas para respaldar la campaña, aprobando multas de hasta 25.000 dólares y penas de cárcel de un máximo de cinco años para cualquiera que difunda lo que se considera información falsa. Los medios recibirán sanciones de hasta 127.000 dólares si contribuyen a la desinformación sobre la pandemia.
Los legisladores aceleraron el proyecto de ley realizando las tres lecturas del texto en un único día luego de que el presidente, Vladimir Putin, habló sobre la necesidad de contrarrestar “las provocaciones, chismes estúpidos y mentiras maliciosas” sobre el brote.
La cruzada comenzó hace aproximadamente un mes, cuando el número de casos de COVID-19, la enfermedad provocada por el coronavirus, no llegaba a dobles dígitos. La postura del Kremlin de “todo está bajo control” provocó especulaciones de que las autoridades podrían estar ocultando o rebajando la escala del brote, en línea con las tradiciones de la era soviética de tapar las verdades incómodas.
Se detalló un amplio paquete de medidas y se creó una división especial de “noticias falsas” en el grupo de trabajo del gobierno para el coronavirus. Además, se formó un grupo dentro del Comité de Investigación de Rusia para perseguir la presunta desinformación.
Los usuarios de redes sociales que dudan de las cifras oficiales y los medios de comunicación que cuestionan la respuesta del gobierno se convirtieron en el objetivo de las autoridades, que buscan eliminar todo lo que no se corresponda con los datos oficiales.
«En las crisis, los que están en el poder tratan por todos los medios de controlar la información e impulsar su propia agenda. Y, por supuesto, tiene sentido suprimir los puntos de vista alternativos”, explicó Solovei a The Associated Press.
La AP halló al menos nueve casos contra ciudadanos rusos de a pie acusados de “información falsa” en redes sociales y aplicaciones de mensajería, y al menos tres de ellos recibieron multas significativas.
Los informes policiales ofrecieron pocos detalles, pero indicaron claramente que los implicados compartieron opiniones o rumores, no difundían información errónea de forma deliberada.
Una mujer de 32 años fue sancionada con 380 dólares _ un importe considerable en un país donde el salario medio ronda los 550 dólares _ por publicar en redes sociales algo que escuchó en un bus sobre el virus en su región. Un hombre de 26 años recibió una multa similar por un comentario en un reporte de prensa que afirmaba que una mujer murió por el coronavirus en un hospital. Otra mujer enfrenta una penalización entre 380 y 1.200 dólares por postear sobre el número de casos en su región donde, oficialmente, no se habían reportado contagios.
Preguntado por si las multas se ajustan a esos delitos, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, apuntó que estaban “absolutamente justificados”.
“Esto agita tensiones injustificadas, y en esta situación necesitan ser castigados de acuerdo con la ley”, añadió.
La persecución de la libertad de expresión se ajusta a un patrón reciente. En los cinco últimos años, cientos de personas fueron procesadas por cargos de extremismo por publicar, dar me gusta o compartir información en redes sociales sobre temas sensibles como la corrupción, el conflicto con Ucrania, la anexión de la península de Crimea en 2014 y el papel de la Iglesia ortodoxa rusa. Docenas de personas recibieron sentencias de cárcel.
El lunes, el parlamento de Hungría aprobó también una ley que establece penas de prisión de hasta cinco años para los condenados por difundir información falsa sobre la pandemia. Grupos de derechos señalaron que esta ley permite que el gobierno del primer ministro, Viktor Orban, reprima la libertad de expresión.
Los esfuerzos para frenar la supuesta desinformación en Rusia coinciden con nuevas acusaciones a Moscú por difundir noticias falsas al respecto en el extranjero. La Unión Europea identificó recientemente cerca de 80 casos de desinformación relacionados con la pandemia en los dos últimos meses.
Esto sigue a las acusaciones de los servicios de inteligencia de Estados Unidos de que Rusia interfirió en la campaña presidencial de 2016 difundiendo información falsa en internet, un cargo que el Kremlin ha negado de forma categórica.
Fuente: AP