El Centro fundado por el ex presidente estadounidense Jimmy Carter informó el pasado miércoles 05 de agosto -en el último informe de seguimiento al proceso político electoral en Venezuela que hacía desde agosto de 2014- que cerró su oficina en Caracas el 31 de mayo pasado para concentrar “sus recursos limitados en otros países que han solicitado su apoyo”.

El anuncio podría implicar un importante cambio político en el país suramericano, a sólo cuando meses para las elecciones parlamentarias de diciembre.

El Centro Carter ha sido un observador frecuente de las elecciones en Venezuela y fungió como mediador entre el gobierno socialista y la oposición después de un fallido golpe de estado en 2002 que separó brevemente del poder al ya fallecido presidente Hugo Chávez.

En años recientes los adversarios del gobierno han criticado duramente a la organización por considerar que validó un referendo revocatorio de 2004 ganado por Chávez. El referéndum se vio rodeado de quejas sobre condiciones injustas y ventajas para el oficialismo. Los partidos opositores también acusaron repetidamente al Centro Carter de minimizar sus obstáculos para participar en otras contiendas electorales, dificultades que atribuyeron a las autoridades.

Otra fuente de fricción fue la declaración que hizo el grupo en 2012 sobre que el proceso electoral de Venezuela fue para el Centro el “mejor del mundo”.

El sentimiento de desconfianza en el Centro Carter de muchos opositores se vio reflejado en la celebración de su partida entre usuarios de las redes sociales, en particular los más estrictos.

La marcha del Centro Carter llega entre crecientes presiones sobre el presidente, Nicolás Maduro, para que invite a observadores internacionales a supervisar las importantes elecciones legislativas de diciembre, que ya provocan comentarios sobre un posible fraude por parte de ambos bandos.

Las principales encuestas -por primera vez en 16 años- muestran a la oposición como favorita para ganar las próximas elecciones a la Asamblea Nacional, ahora controlada por el oficialismo. Un escenario de inflación de tres dígitos, auge delictivo y escasez generalizada de alimentos y otros bienes básicos podría minar el apoyo a los candidatos oficialistas.

Algunos sectores opositores han anunciado que de ganar el control de la Asamblea podrían promover una referendo revocatorio contra Maduro antes de que el presidente complete su mandato de seis años, que termina en el 2019.

La oposición acusa al gobierno de tratar de obtener una ventaja desleal y de abuso del poder luego que la Contraloría General de la República inhabilitase a varios de sus candidatos más prominentes para ocupar cargos públicos, a la par que el Tribunal Supremo de Justicia removió a la directiva de un partido importante en la alianza opositora, el socialcristiano Copei. Esas acciones forzaron a la oposición a modificar a última hora su lista de postulados para las elecciones parlamentarias de diciembre.

A su vez, Maduro acusa a la oposición de esconderse detrás del manto de la democracia a la vez que se prepara, según él, para desconocer cualquier resultado desfavorable y de conspirar con los Estados Unidos para separarlo del poder. El mandatario ha dicho en repetidas ocasiones que va a respetar cualquier resultado de las elecciones legislativas, pero no teme la derrota después de ganar todas, con excepción de una sola elección nacional, desde que Chávez dio inicio a la revolución, como llamaba a su proyecto político, hace 16 años.

La Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea han expresado su interés en enviar misiones para los comicios de diciembre, mientras funcionarios estadounidenses presionan en favor del escrutinio externo para reforzar la aceptación de los resultados como un paso en la resolución de crisis económica y política del país. Hasta el momento, las autoridades venezolanas sólo han invitado a la menos experimentada Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) para acompañar la elección.