BUENOS AIRES (AP) — El Congreso aprobó el miércoles por mayoría el proyecto del gobierno de estatizar una imprenta dedicada a la impresión de billetes con el propósito declarado de «mantener la soberanía monetaria» del país.
La oposición calificó el acto de burda maniobra para garantizar la impunidad del vicepresidente Amado Boudou en una investigación judicial por vínculos sospechosos con los dueños de la compañía.
La Cámara de Diputados declaró de utilidad pública y expropió la imprenta Compañía de Valores Sudamericana S.A. con 145 votos a favor, 77 en contra y cinco abstenciones tras ocho horas de debate.
Una investigación judicial en marcha busca determinar si el vicepresidente, en complicidad con otros funcionarios, entre ellos el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, realizaron distintas maniobras para favorecer a la mencionada compañía con un millonario contrato para imprimir billetes y material de campaña del oficialista Frente para la Victoria.
En esa causa, Boudou está imputado por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. También se investiga si uno de los empresarios que figuran como propietarios de la Compañía de Valores Sudamericana S.A. es en realidad testaferro del vicepresidente, quien ha negado los cargos.
En paralelo a la investigación, el gobierno de Cristina Fernández intervino la imprenta y giró al parlamento un proyecto de ley para su estatización con el argumento de que «el Estado debe mantener la soberanía monetaria y por ello es imprescindible concentrar la fabricación de dinero circulante y acuñación de moneda de curso legal y de impresión de documentos de seguridad».
La impresión de billetes fue tercerizada en la década del 1990 en detrimento de la empresa estatal Casa de la Moneda.
«La soberanía monetaria no es el tema central, sino el entramado de corrupción que involucra al vicepresidente y a otros funcionarios», denunció la diputada Laura Alonso, del partido de centroderecha Propuesta Republicana (PRO), cuyo principal dirigente es el jefe de gobierno de la capital, Mauricio Macri, un acérrimo opositor al gobierno.
La legisladora calificó como «aberrante» la expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana S.A. y denunció que «se enmarca en una operación de protección del vicepresidente Boudou… un funcionario público que hace favores para beneficiar a una empresa de amigos testaferros es corrupto».
Para Elisa Carrió, de la centrista Coalición Cívica-ARI, «la presidenta conocía o debía conocer estos hechos porque sino participó antes participa hoy encubriendo a sus funcionarios públicos». Agregó que «no hay dudas de que Amado Boudou es el dueño de la empresa a expropiar y que tiene de rehenes a todo el (partido gobernante) Frente para la Victoria».
Desde el oficialismo respondieron que las acusaciones contra Boudou son parte de una operación montada por grupos mediáticos enfrentados con el gobierno.
«No sean cómplices de operaciones políticas que no son de ustedes», exclamó el diputado Agustín Rossi, jefe del bloque de diputados oficialistas.
En tanto que su compañera de bancada Diana Conti expresó que «es bueno que el estado recupere una de las herramientas que hacen a la soberanía: no depender de un monopolio privado para imprimir billetes».
Según el proyecto sancionado, el precio de los bienes sujetos a expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana S.A. «será determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación» y una vez culminado el proceso de expropiación la totalidad de los bienes pasarán a integrar el patrimonio de la Sociedad del Estado Casa de Moneda.
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